Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet

Bueno, pues parece que el famoso proyecto de ley económica sostenible, o como se llame exactamente ese paquete de medidas presentado por nuestro querido gobierno para luchar contra la crisis a largo plazo, presenta mas de una sorpresita. Una de las que nos afecta directamente a los internáutas es que se contempla la creación de un organismo dependiente del ministerio de cultura, no de los jueces, que puede bloquear páginas web si consideran que se están violando derechos de autor. Sin juicio ni nada, una orden de un nuevo órgano que no tendrá que pedir permiso a jueces ni abrir instrucciónes ni nada. A saco.

Supongo que será un poco mas velado y deberían tener cuidado, pero realmente es un tema peliagudo que empecemos a saltarnos a la torera temas como el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y cosas así. En contra de estas medidas, un grupo de bloggers, internautas y periodistas han elaborado el siguiente manifiesto, que lejos de ir contra los derechos de autor, pretende dejar claro que no se pueden anteponer estos derechos a otros, como la libertad de expresión o la privacidad. Ya se han sumado importantes redes de bloggers y medios como 20minutos. Desde aquí, publicamos este manifiesto en adhesión a todos sus puntos.

Si estás de acuerdo con el, difúndelo para darlo a conocer e ir preparando la posible lucha posterior en contra de estas reformas.

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.